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Novedades

 

Trabajo realizado por Raúl Cabanas. Ley 20266 y su modificación
PARANÁ, 27 de diciembre de 2.003.-

Señores
Colegios de Martilleros y Corredores Públicos
y/o Asociaciones adheridas o no a FAEMCI
Señores Martilleros y/o Corredores Públicos
SU DESPACHO

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De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de enviar a Uds. Colegios, Asociaciones, Martilleros y Corredores Públicos en particular, trabajo (el mismo se adjunta como archivo) realizado por el Dr. Raúl Ernesto Cabanas, el que nos fuera entregado en nuestra ultima reunión de mesa ejecutiva de FAEMCI.-

Solicitamos a Uds. reenvíen este trabajo por este mismo medio a los Colegas Martilleros y Corredores Públicos adheridos a vuestros Colegios y/o Asociaciones.-

De ser posible interesamos su publicación en los boletines informativos que normalmente tienen todas las instituciones o que lo publiquen en las paginas web que últimamente poseen los distintos Colegios Profesionales y/o Asociaciones.-

Quedando a vuestras gratas ordenes, le saludamos con nuestra mas distinguida consideración.-
RICARDO JOAQUIN SEOANE - Presidente
ALBERTO MARCHINI POLERI - Secretario

Trabajo:
CARACTERIZACION DE LAS PROFESIONES DE MARTILLERO Y DE CORREDOR PUBLICO, CONFORME A LA LEY 20266 Y SU MODIFICATORIA. LEY 25.028.-

1.- Evolución de estas profesiones.-

El Código de Comercio califica al corretaje y al remate como actos de comercio (art.8º, inc.3º); además, considera a los corredores y a los rematadores o martilleros como agentes auxiliares de comercio (art. 87, incs. 1º y 2º).

La función económica de ambas actividades es la mediación entre la oferta y la demanda de bienes y servicios, acercando a los interesados y contribuyendo a formar el consentimiento sobre la operación que ambos desean realizar.-

Sus orígenes son remotos. En antiguas civilizaciones como la egipcia, griega o romana se encuentran los antecedentes de estas actividades. El corredor, como experto en mercaderías con variadas funciones, incluso de fedatario; el martillero, actuando en subastas administrativas, judiciales y particulares, a menudo como funcionario publico.

Lo cierto es que, a lo largo de los siglos, ambas profesiones han experimentado una transformación sustancial, que las aleja del perfil que tenían en sus antecedentes históricos, concentrándose su practica en áreas especializadas que responden a otra realidad de las transacciones y a nuevas necesidades sociales.

En el caso del corretaje, por ejemplo, la vinculación entre oferta y demanda, el asesoramiento a las partes y su contribución a la formación del acuerdo de voluntades para la celebración de contratos validos y eficaces, se ha alejado del primitivo esquema del intercambio de productos, perdiendo incluso su conexión estrecha con el comercio de mercaderías.-

El cambio económico y social ha reconducido a estas profesiones de servicios en otras áreas y el nuevo perfil que ello exige, conlleva la adquisición de un bagaje de conocimientos especializados para la compresión y el manejo de las nuevas tecnologías, generadoras de otras formas de lenguaje y razonamiento, así como de innovaciones en las normas, organizaciones y procedimientos, con un verdadero aluvión de información a procesar, de progresiva complejidad.-

Esto se aprecia en la creciente importancia adquirida por el corretaje inmobiliario, al compás del proceso de concentración urbana, que en nuestro país se acentuó luego de la primera posguerra. En toda ciudad, en cada barrio y suburbio, aun de humilde nivel económico, existen corredores al frente de inmobiliarias que intermedian en diversos actos jurídicos referidos a la propiedad raíz.-

La exigencia, por parte del Estado, de mayores conocimientos y aptitudes en quienes aspiran a desempeñarse como corredores obedece sustancialmente a la necesidad de tutelar los intereses públicos comprometidos, por ejemplo en materia social tan sensible como el acceso a la vivienda.-

2.- Situación actual:

En nuestro país, esta evolución ha dado lugar al dictado de la ley 25.028 modificatoria de la ley 20266, que exige formación universitaria para ser martillero o corredor, como presupuesto necesario para el ejercicio de estas profesiones, cuya incumbencia no se agota en la actividad inmobiliaria.

Ante ello, plantearse hoy si el corredor y el martillero son comerciante importa un verdadero anacronismo, porque la cuestión a nuestro entender se encuentra superada no solo mentada evolución civilizatoria, sino por el nuevo marco legal introducido por la ley 25028.-

Desde ya que la doctrina de las dos ultimas centurias (siglo XIX y XX) se encontraba dividida a este respecto, predominando la jurisprudencia en sentido negativo.

Así, la inclusión del corretaje y el remate como actos de comercio, el carácter de comerciante que cabe atribuir a quien ejerce actos de comercio de cuenta propia y como profesión habitual y la inclusión del corredor y martillero como agentes auxiliares del comercio, sujetos a las leyes mercantiles (arts. 1º, 8º inc. 3º y 87 inc. 1º Cº de Comercio), son tres elementos que han llevado a prestigiosos juristas a considerar que el martillero y el corredor son comerciantes. Pero, por cierto, las modificaciones introducidas en la ley 20266 por la ley 25.028 entraron en vigencia en las postrimerías del siglo XX y no integraron el análisis de esas distintas posturas doctrinales.-

Caracterizados el corretaje y la subasta como actos propios de profesiones universitarias legalmente reglamentadas, es razonable concluir que ello ha importado la tacita derogación del articulo 8º inc. 3º del Código de Comercio, en lo que concierne a estas actividades.-

No obstante, no es ocioso formular alguna acotación a tal razonamiento y para ello reproduciremos seguidamente algunas reflexiones contenidas en un trabajo en prensa, de nuestra autoría.-

De Sola Cañizares sintetiza las doctrinas que han conceptuado el derecho comercial como derecho de los actos de comercio (objetiva) y como derecho de los comerciantes (subjetiva). Advierte que la imposibilidad practica de adoptar uno u otro sistema en forma pura, se refleja en legislaciones que tienen siempre un carácter mixto, pues resultan de una combinación de ambas nociones: comerciante y acto de comercio. Pero, afirma, esta concepción mixta del derecho comercial consagra un circulo vicioso pues, para saber que es un acto de comercio, se debe determinar que es un comerciante; y para saber quien es comerciante, se debe establecer que es un acto de comercio.

Circulo vicioso que se plasma al afirmar que el individuo que ejercer de cuenta propia y como profesión habitual el corretaje en tanto acto de comercio enunciado en la ley mercantil, es comerciante.

Algunos autores advierten, por la otra parte, que no siempre el ejercicio de ciertos actos de comercio determina la calidad de comerciante de quien los practica, incursionando en clasificaciones doctrinarias sobre la naturaleza de los diversos actos enunciados en la norma.

Mas aun, se ha sostenido antes de ahora que mantener los actos de comercio en nuestra materia implica mantener un enfoque ya obsoleto, por lo que deberías modificar el sistema como un imperativo de la hora actual.

Al punto tal que modernas legislaciones han prescindido de la enunciación de actos de comercio, de la figura del comerciante y de los auxiliares del comercio, como es el caso del nuevo Código Civil de la Republica Federativa del Brasil, que entro en vigencia el 1º de enero de 2003.-

Por ello, proponemos enfocar la cuestión de la profesionalidad de los corredores y martilleros desde otra perspectiva.-

En nuestro actual regimen legal, el corretaje y la subasta son actividades profesionales legalmente reglamentadas; en consecuencia, un individuo no deviene corredor o martillero por la practica de actos de corretaje o de subasta; tampoco puede calificarse su desempeño como profesional , por el solo hecho del ejercicio continuo o habitual de “hechos” de intermediación, sea privada o en remate; es que, de manera análoga, una persona no se convierte en medico o en abogado por el ejercicio ilegal de actos propios de estas profesiones.-

Para ser corredor o martillero en nuestro pais, el interesado debe satisfacer hoy determinados requisitos legales, uno de los cuales es poseer titulo universitario, que se obtiene con estudio que responden a un diseño curricular y acuerdan las incumbencias correspondientes, determinados con la intervención del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, en los términos del art. 43 de la ley 24251.-

Para ejercer como corredor o martillero, el profesional debe cumplir, además, los recaudos se su inscripción en la matricula, sujetándose al poder de policía profesional, como lo prevén la ley nacional y sus reglamentaciones locales.

El acto será entonces de corretaje o subasta, si lo desempeña el profesional titulado y matriculado para ejercer la actividad, legalmente reglada en tutela del interés publico comprometido. Y quien ejerza tales actos sin hallarse titulado y matriculado, incurrirá en la figura que tipifica el párrafo primero del art. 247 del Código Penal (mod. por ley 24527).
Es lo que ocurre con la medicina o la abogacía, que solo pueden ser ejercidas por un profesional que cuente con titulo y habilitación.

El mantenimiento del corretaje y la subasta como actos “objetivos” mercantiles y el del corredor y martillero como auxiliares de comercio en nuestra legislación encierra, como mínimo, una contradicción con la legislación especial posterior, que progresivamente atendió al cambio histórico del instituto que dio lugar a la sanción de las leyes 20266 y 23282 ; transición que culmino con la derogación del Capitulo I del Libro Primero Titulo IV del Codigo de Comercio y de la ley 23282, modificándose la ley 20266 por la ley 25.028.-

Adviertase, como muestra de la apuntada contradiccion, el orden de prelación normativa que preve la lay respecto del corretaje: “sin perjuicio de las disposiciones del Codigo Civil y la legislación local, es aplicable al ejercicio del corretaje lo dispuesto en esta ley respecto de los martilleros, en todo lo que resulta pertinente y no se encuentre modificado en los articulos siguientes” (art. 31, ley 20266).-

Determinado el regimen legal aplicable al martillero y al corredor en un estatuto profesional que incluso remite, en cuanto a este, al Codigo Civil, cabe preguntarse cual es hoy el sustento para afirmar que son comerciantes y, mas aun, a que interes jurídico ello obedece.

Desde ya que no podra invocarse un mero interes fiscalista comunal, argumentado que estos profesionales universitarios son comerciantes, a fin de imponerles la gestion de habilitacion para sus oficinas y la tasa de seguridad e higiene.

3. La doctrina de la Suprema Corte de la Provincia de buenos y el ejercicio del poder de policia:

Antes de ahora, la Suprema corte local ha advertido que la Provincia de Buenos Aires se ha reservado en forma exclusiva, y excluyente de la intervención del poder comunal, la regulación de todo lo atinente al ejercicio de las profesiones legalmente regladas, con fundamento en el art. 32 de la Constitución de la Provincia hoy modificada.-

Se desprende de lo dicho entonces por el Alto Tribunal, que el poder de policía de la Provincia en esta materia abarca todos los aspectos inherentes al ejercicio profesional “de modo que la intervención del poder comunal (en forma de inspección) produciría un quebrantamiento legal con la consiguiente lesión de una norma superior de derecho publico” (doctr. “Aldazabal”, SCBA, I 1240, 30-06-87, AyS 1987-II-632).

Actualmente rige el art. 42 de la Constitución reformada en 1.994, que consagra análogo principio, aplicado por la Suprema Corte local respecto de los profesionales e ciencias economicas, en reciente pronunciamiento (SCBA, I.2173,27.12.2002), con cita inclusive de un precedente publicado en 1976 relativo a los odontólogos (I-13, “Arrillaga”).-

Es nuestro opinión que esta doctrina posee plena vigencia en cuanto a las profesiones de martillero y corredor publico, con prescindencia de que se los considere comerciantes o no, pues se hallan reguladas legalmente como profesiones cuyo ejercicio se halla sujeto al poder de policia reservado a la Provincia, ambito exclusivo y excluyente de las facultades de los municipios (art. 42, Constitución Provincial; ley 20266, mod. por la ley 25028 y ley provincial 10.973).

4. Conclusión:

Por tanto, martilleros y corredores no son comerciantes, según nuestro ordenamiento legal vigente. Y con prescindencia de ello, no les son aplicables las normas municipales en materia de habilitación y tasa de seguridad e higiene, conforme a la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de esta Provincia.

San Miguel, noviembre 13 de 2.003.

RAUL ERNESTO CABANAS.-



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