La Ley 20.266, sancionada el 28 de marzo de 1973, regula la actividad de los martilleros públicos en Argentina, estableciendo normas y procedimientos que garantizan el correcto ejercicio de esta profesión. A continuación, desglosamos los principales aspectos de esta ley y su importancia para la labor de los martilleros públicos.

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La Ley 20.266 establece requisitos específicos para quienes desean ejercer como martilleros públicos. Estos incluyen:

– Formación Académica: Los aspirantes deben contar con la formación necesaria en las áreas de derecho, contabilidad y otras disciplinas relacionadas. La ley especifica las instituciones y programas de estudio aprobados que aseguran una preparación adecuada.

– Habilitación Profesional: Para ejercer, los candidatos deben obtener una habilitación oficial, que certifica su capacidad para realizar las funciones de un martillero público. Este proceso incluye exámenes y la acreditación de antecedentes profesionales.

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La ley detalla las funciones y responsabilidades de los martilleros públicos:

– Conducción de Subastas: Los martilleros son responsables de organizar y llevar a cabo las subastas de bienes, ya sean judiciales o extrajudiciales. Esto incluye la preparación de los bienes para la subasta, la publicidad adecuada, y la administración del proceso de pujas.

– Custodia y Administración de Bienes: Deben asegurar la correcta custodia y administración de los bienes que se subastan, garantizando su integridad y correcta valorización.

– Transparencia y Legalidad: Los martilleros deben actuar con total transparencia y conforme a la legislación vigente, asegurando que todas las operaciones se realicen de manera justa y legal.

Artículos Relevantes: Art. 7, Art. 8

La ley regula los honorarios que los martilleros pueden cobrar por sus servicios:

– Escalas de Honorarios: Establece una escala de honorarios para las distintas clases de servicios prestados, asegurando que los cobros sean razonables y proporcionados a la magnitud del trabajo realizado.

– Transparencia en la Cobranza: Los honorarios deben ser claramente establecidos y comunicados a las partes involucradas antes de la prestación del servicio, evitando sorpresas y posibles conflictos.

Artículos Relevantes: Art. 9, Art. 10

La ley prevé mecanismos de control y supervisión:

– Organismos de Control: Designa organismos responsables de supervisar el cumplimiento de la ley y la conducta de los martilleros públicos. Estos organismos tienen la facultad de imponer sanciones en caso de incumplimientos.

– Registros y Documentación: Los martilleros deben llevar un registro detallado de sus operaciones, que estará sujeto a revisión por parte de las autoridades competentes.

Artículos Relevantes: Art. 11, Art. 12

La ley también contempla la posibilidad de reformas y actualizaciones para adaptarse a los cambios en el entorno profesional y legal:

– Reformas Legales: Se pueden realizar modificaciones a la ley para mejorar y adaptar la normativa a nuevas realidades del mercado y necesidades profesionales.

– Adaptación a Nuevas Tecnologías: La ley incluye disposiciones para la incorporación de nuevas tecnologías en el proceso de subastas y administración de bienes.

La Ley 20.266 es una pieza clave en la regulación de la profesión de martillero público en Argentina. Al establecer claros requisitos profesionales, definir responsabilidades y regular los honorarios, la ley asegura la transparencia y legalidad en todas las operaciones de subasta. Su correcta aplicación es fundamental para mantener la confianza del público y la integridad del sistema judicial y comercial. El cumplimiento riguroso de estas disposiciones fortalece la práctica profesional y protege los derechos de todas las partes involucradas.